El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindará soporte técnico a las instituciones que se encargan de la prevención y sanción de la violencia en la actividad de la construcción civil, especialmente para combatir el delito de extorsión.

A través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos y el Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, el sector elaborará el “Protocolo de Intervención Interinstitucional en obras de construcción civil para prevenir y sancionar extorsiones”, el cual permitirá optimizar y fortalecer la actuación conjunta de las entidades competentes que intervienen en los operativos, como SUNAFIL, Ministerio Público y DIRPOC.

En ese sentido, el Director General de Asuntos Criminológicos, Carlos Bazo Ramírez, señaló que el Protocolo permitirá “sistematizar el rol de cada institución” antes, durante y después de la intervención en las obras de construcción civil.

“Vamos a detectar, investigar y sancionar el delito de la extorsión, y vamos a hacer una investigación penal responsable que permita la persecución y sanción del delito. Debemos recordar que el fenómeno de la extorsión se ha venido posicionando como uno de los delitos  de mayor incidencia y con altos grados de violencia en el país”, complementó.

Las denuncias por el delito de extorsión constituyen el 7.9% del total de denuncias por la comisión de delitos contra el patrimonio en los últimos dos años.

Este Protocolo se elaborará en el marco de la Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales, aprobado mediante D.S. N° 006-2014-JUS.

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